Belén, la cinta de Dolores Fonzi que inaugura el Alternativa Film Festival 2026 en Medellín, nos hizo pensar en que hay algo curioso en la forma en que entendemos la justicia hoy en día.
Nos han hecho creer que lo justo es que las personas que obraron mal reciben un castigo y que ese castigo tiene que ser lo suficientemente severo, visible y contundente para que desincentive que otros quieran obrar mal en el futuro.
Por eso, en cada elección, vemos candidatos cuya única propuesta es llenar los países de cárceles y doblar o triplicar el presupuesto de los ejércitos y la policía.
Su promesa, lo que nos venden, es que al aumentar las cárceles y la fuerza armada del Estado vamos a mantener el crimen bajo control y, por ende, vamos a tener una sociedad más próspera y segura.
Pero no es tan simple. Nunca ha sido tan simple. Y ese es precisamente el punto. Reducir la vida a opciones binarias siempre ha sido una forma de anular la acción colectiva.
¿Qué pasa con la idea de las cárceles como solución cuando conocemos historias como la de Belén, una chica argentina de 25 años que fue detenida por, supuestamente, matar a su propio hijo, cuando en realidad tuvo un aborto espontáneo de un embarazo del cual ni siquiera era consciente?
En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén —nombre ficticio para proteger su identidad real— llegó con su madre al Hospital de Clínicas Dr. Nicolás de Avellaneda de San Miguel de Tucumán con fuertes dolores abdominales.
Le diagnosticaron «abdomen agudo» y le administraron calmantes. Belén pasó dos horas en una camilla. Fue al baño y, al volver, el equipo médico notó que tenía una hemorragia intensa.
Lo que siguió fue una cadena de abusos institucionales.
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El personal del hospital encontró un feto en un baño y se lo atribuyó a Belén sin ninguna prueba de ADN. Los médicos violaron el secreto profesional denunciándola a la policía, que la detuvo por «aborto, seguido de presunto homicidio», una figura jurídica que, como señalaría después su abogada, ni siquiera existe en el Código Penal argentino.
Belén fue trasladada a la Unidad Penitenciaria Número 4 del Penal de Santa Ester, donde, tras más de dos años de proceso, sería condenada a 8 años de cárcel por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía.
Como diría su abogada, Soledad Deza, la condena de Belén fue moral antes que jurídica.
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Belén, el símbolo
Basada en el libro de Ana Correa, la película Belén, de la directora argentina Dolores Fonzi, nos cuenta precisamente la historia de Soledad Deza, la mujer que luchó, con el apoyo de un colectivo de mujeres, primero en Tucumán y luego en toda la Argentina, por la libertad de su cliente.
Al igual que pasa con otras violencias de género, la violencia obstétrica no es algo excepcional. Al contrario. Miles y miles de mujeres con ingresos bajos, rurales, con acceso limitado a la educación y/o que dependen de los sistemas públicos de salud, son acusadas de abortar cuando llegan al hospital con alguna emergencia obstétrica, especialmente en países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, donde gobiernos e instituciones ultraconservadoras todavía sostienen una perspectiva de vigilancia y castigo. En Tucumán, por ejemplo, los abortos espontáneos solo fueron denunciados penalmente en hospitales públicos, nunca en clínicas privadas.
Incluso en un país como Colombia, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, todavía hay brechas gigantes en el sistema de salud, en los operadores de justicia y en los sectores políticos y religiosos, que hacen difícil para las mujeres colombianas el reconocimiento jurídico del derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Para no ir más lejos, en febrero de 2026, el Concejo de Bogotá aprobó el proyecto «Ruta por la Vida» (Acuerdo 340), de la concejal Clara Lucía Sandoval del Partido Liberal. Bajo la idea de ofrecer acompañamiento psicosocial y de salud mental a mujeres en etapa de gestación, la iniciativa proponía, entre otras cosas, una valoración de salud mental obligatoria antes de acceder al aborto legal y la capacitación de servidores públicos en «alternativas a la IVE», es decir, alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo.
El editorial de El Espectador lo dijo sin rodeos: se trata de estrategias ya empleadas en otros países para estigmatizar a quienes buscan ejercer el derecho al aborto. Profamilia, la organización colombiana de referencia en salud sexual y reproductiva, rechazó la medida y la calificó como una barrera inconstitucional. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, terminó objetando el proyecto, pero el intento quedó ahí, como evidencia de una estrategia que se repite en todo el continente con apoyo de movimientos provida.
Y mientras en Colombia las trampas operan desde lo local, en Argentina el vaciamiento ocurre desde arriba.
El gobierno de Javier Milei no ha derogado la ley de aborto legal —no tiene los votos para hacerlo y las encuestas muestran que el 57 % de los argentinos se opone a su derogación—, pero la ha vuelto inaccesible en la práctica.
Según un informe conjunto del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, dos organizaciones argentinas que monitorean políticas públicas, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva fue desfinanciado casi totalmente en 2024: apenas un quinto de lo invertido el año anterior. El Estado dejó de comprar y distribuir a las provincias los medicamentos esenciales para realizar abortos seguros. En febrero de 2025, la mayoría de las provincias reportaron falta de stock. El Plan ENIA, un programa de prevención del embarazo adolescente que había reducido la tasa de embarazo en menores en un 58 % entre 2017 y 2023, fue desmantelado con el despido del 80 % de su personal.
Amnistía Internacional reportó que en 2025 se triplicaron las denuncias por barreras de acceso al aborto. Ruth Zurbriggen, integrante de Socorristas en Red, una organización feminista que acompaña a mujeres que necesitan abortar, lo resumió así: «En muchas provincias es como si la ley estuviese derogada en la práctica».
No es casualidad que este vaciamiento ocurra al mismo tiempo que el discurso público desplaza el debate del aborto hacia la «crisis de natalidad».
Es la misma maniobra que Viktor Orbán lleva ejecutando en Hungría desde 2010: un paquete de incentivos económicos para que las mujeres tengan más hijos —exención vitalicia del impuesto sobre la renta para madres de dos o más hijos, subsidios de hasta 27.000 euros para compra de vivienda, condonación parcial de hipotecas por cada hijo adicional—, presentado como política familiar pero enmarcado explícitamente en una agenda nacionalista y antiinmigración.
Orbán lo dijo sin tapujos: «Queremos niños húngaros. Para nosotros, aceptar la migración supone rendirse». Hungría destina el 5 % de su PIB a estas políticas, una cifra muy superior a la media europea. Y aun así, la tasa de fertilidad sigue por debajo del nivel de reemplazo. La periodista Sarolta Szekely lo formuló con claridad: «No quiero hacer hijos para Viktor Orbán. La calidad de la educación y de la sanidad pública son condiciones más importantes».
El modelo Orbán no se queda en Hungría. José Antonio Kast, que asumió la presidencia de Chile en marzo de 2026, visitó Budapest para conocer de cerca el programa y su equipo ya lo evalúa como inspiración para su agenda familiar. En España, Vox lo cita abiertamente como modelo a seguir.
El patrón es claro: se usa la «crisis demográfica» como justificación para políticas que, en la práctica, buscan controlar la capacidad reproductiva de las mujeres, premiar la maternidad como función social y castigar, por omisión presupuestaria o por acción legislativa, a quienes decidan no tener hijos o interrumpir un embarazo.
La hora de las víctimas
En ese sentido, Belén, la película, el libro y la historia real, funcionan como una forma de hacer visibles las preguntas que todavía quedan por resolver en la sociedad.
¿Qué nos revela un sistema que persigue penalmente a las mujeres en los hospitales, pero perdona la negligencia sistemática en las instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a sostener el mito de que castigar es lo mismo que resolver? ¿Qué pasa con el pacto ciudadano cuando quienes deben protegerte son los primeros en violentarte?
Y lo más importante de todo: ¿cómo se transforma nuestra idea de justicia cuando dejamos de pensar en quién debe pagar y empezamos a preguntar qué se necesita para sanar?
Hace poco terminé de ver Pubertat, la serie catalana de Leticia Dolera, que cuenta lo que pasa cuando una niña de 13 años denuncia a sus amiguitos de toda la vida por una agresión sexual que tiene lugar durante la celebración de la verbena de San Juan.
La serie es dura y honesta y sirve como una excelente forma de entender el concepto de justicia restaurativa. Una forma de entender el conflicto que no pregunta «¿qué ley se violó?» sino «¿quién fue dañado y qué necesita para ser reparado?»
Dolera lo explicó en una entrevista: «No todo pasa por simplemente castigar al delincuente, sino también por ver qué necesita la víctima«. Y añadió algo que me parece fundamental: la justicia restaurativa no deshumaniza al agresor, porque eso también es una trampa. Nunca vamos a lograr una prevención auténtica si no entendemos que las personas que cometen agresiones no son monstruos abstractos: son hijos, amigos, primos, hermanos.
Cuando uno termina de ver Belén, a pesar de todas las victorias, a pesar del movimiento que se originó en torno a su caso, esta no deja de sentirse como una derrota inminente.
Si seguimos pensando en la justicia como este mecanismo simple de castigo a la excepcionalidad, en lugar de pensar en lo que realmente necesitan las víctimas para ser reparadas, difícilmente vamos a producir una sociedad en la que no tengamos que estar luchando por los mismos derechos, una y otra vez.
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