El 6 de noviembre de 2026 se estrenó en Netflix Palacio, una serie que reconstruye los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Dynamo y la showrunner Natalia Santa decidieron contar esta historia desde la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Para construirla consultaron, entre otras fuentes, el libro Noches de humo, de la periodista Olga Behar, y una obra de teatro escrita por familiares de las víctimas, según contó la productora Mariana Berenguer.
Más que reseñar la serie, queremos detenernos en algunas preguntas que puede despertar su estreno y buscar las respuestas en los documentos que permiten reconstruir lo ocurrido. Para hacerlo, consultamos principalmente cuatro fuentes:
- El informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia.
- La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rodríguez Vera y otros vs. Colombia.
- La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que absolvió al militar Luis Alfonso Plazas Vega.
- La sentencia de la Corte Constitucional sobre la película Noviembre.
Hay algo que conviene tener presente antes de empezar: 41 años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, buena parte de los hechos está documentada, pero todavía quedan preguntas sin respuesta definitiva. Algunas versiones se contradicen y, en otros casos, las investigaciones no han logrado establecer qué ocurrió.
En este artículo
¿Qué pasó el 6 y 7 de noviembre de 1985?
El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 tomó el Palacio de Justicia, en Bogotá. Según la Corte Interamericana, participaron 35 guerrilleros: 25 hombres y 10 mujeres. La Comisión de la Verdad concluyó que buscaban someter al presidente Belisario Betancur a un juicio ante la Corte Suprema por el incumplimiento de los acuerdos de tregua firmados en 1984.
La operación comenzó en la mañana y recibió el nombre de «Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre». Entre las 10:30 y las 11:00 a. m., siete guerrilleros vestidos de civil entraron al edificio y se distribuyeron en distintas oficinas. Hacia las 11:30 a. m., otros 28 llegaron por el sótano en tres vehículos. Magistrados, abogados, empleados y visitantes quedaron entonces como rehenes.
La respuesta militar no tardó en llegar. Hacia la una de la tarde aparecieron los primeros vehículos blindados en la Plaza de Bolívar. Poco después de las dos, tanques Cascabel derribaron la puerta principal y entraron al edificio. Al final de la tarde, comandos de la Policía descendieron en helicóptero sobre la terraza.
Durante la noche se desató un incendio que destruyó buena parte del Palacio. La Comisión de la Verdad identificó tres focos: uno en el sótano, otro en la biblioteca del primer piso y un tercero en el cuarto piso. Sin embargo, no pudo determinar con certeza cómo comenzaron. El informe reconoce que «uno de los temas en los que aún persiste mayor incertidumbre es el atinente a los incendios». Sobre el más grave, concluye que «no puede afirmar que existió intencionalidad».
La retoma terminó el jueves 7 de noviembre, cerca del mediodía. La Comisión no establece una hora exacta. Según el relato del comandante de la operación, hacia las once de la mañana el último grupo de guerrilleros y rehenes permanecía en un baño ubicado entre el segundo y el tercer piso. La Cruz Roja ingresó cerca de la 1:50 p. m., cuando la operación ya había concluido.
Años después, tanto tribunales internos como la Comisión de la Verdad calificaron la respuesta militar de desproporcionada y excesiva.
¿Qué era el M-19?
El Movimiento 19 de Abril, conocido como M-19, fue una guerrilla que tomó su nombre de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. Esa noche, el presidente Carlos Lleras Restrepo prohibió transmitir los conteos parciales. A la mañana siguiente, los resultados oficiales dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero, con 63.557 votos de ventaja sobre el general Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Anapo. Según la Comisión de la Verdad, después de esa derrota, el ala socialista de la Anapo «se convirtió en el M-19».
La Comisión describe al movimiento como «una guerrilla fundamentalmente urbana», cuya estrategia propagandística buscaba ganar popularidad mediante golpes de opinión. Su primer acto simbólico de relevancia fue el robo de la espada de Bolívar, el 17 de enero de 1974. Después vinieron otras acciones, como el robo de armas del Cantón Norte, en 1978, y la toma de la Embajada de República Dominicana, en 1980. El informe también registra tomas de poblaciones, atentados y lo que denomina «la abominable práctica del secuestro».
El 24 de agosto de 1984, el M-19 firmó con el gobierno de Betancur un acuerdo de cese al fuego y Diálogo Nacional. La tregua no contemplaba la entrega de armas y terminó rompiéndose en junio de 1985. Para la Comisión, «tanto el Ejército como el M-19 rompieron la tregua y oscilaron constantemente entre la guerra y la paz». Ese mismo mes, el mando central del movimiento, encabezado por Álvaro Fayad, decidió tomar el Palacio.
El asalto tuvo consecuencias devastadoras para la organización. Según la Comisión, además de la muerte de casi todo el comando, se produjo «la posterior eliminación física de la dirigencia de esa organización y la pérdida de espacios políticos, que condujeron finalmente a su desmovilización y efectiva reinserción a la vida civil». El M-19 firmó la paz en 1990. Entre sus antiguos integrantes está Gustavo Petro, quien no participó en la toma.
¿Qué buscaba el M-19 con la toma?
El M-19 llegó al Palacio con dos documentos: una «demanda armada» y una proclama.
La demanda, un texto de cerca de 30 páginas fechado el 6 de noviembre de 1985, estaba dirigida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. En ella, el grupo acusaba al presidente Betancur de «traición a la voluntad nacional de forjar la paz por el camino de la participación ciudadana y la negociación, al que se comprometiera mediante el acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional, el 24 de agosto de 1.984». Le pedía a la Corte que se pronunciara sobre la constitucionalidad de ese acuerdo, firmado en Corinto, El Hobo y Medellín, y sobre su cumplimiento.
La proclama contenía cuatro solicitudes. Las tres primeras buscaban darle difusión pública a sus demandas: que la prensa publicara durante cuatro días los textos del grupo y los acuerdos de tregua, que la radio los leyera y que se realizara una encuesta diaria con la pregunta «¿este Gobierno le ha cumplido?».
La cuarta petición era la presencia en la Corte «del Presidente Belisario Betancur o de su apoderado para que responda de manera clara e inmediata a cada una de las acusaciones contra el actual gobierno». El documento también cuestionaba el tratado de extradición con Estados Unidos y terminaba pidiéndole a la Corte Suprema, a la que llamaba «última reserva moral de la República», que presidiera un «juicio memorable».
La Comisión de la Verdad examinó varias hipótesis sobre el propósito de la toma. Una de ellas planteaba que se trataba de un «golpe de Estado ‘sui generis’» contra las tres ramas del poder. Sin embargo, el informe considera que esa posibilidad «carece de soporte probatorio y dista de ser una opción realista». Su conclusión fue que «el objetivo del M-19 era la realización de un juicio al Presidente de la República por el incumplimiento de los acuerdos de tregua suscritos con el Gobierno Nacional en agosto de 1984, sumado a un golpe de opinión nacional e internacional».
La Comisión también hace una precisión fundamental: recurrir a las armas para imponer esas demandas, mediante el asalto a un edificio civil ocupado exclusivamente por población protegida por el Derecho Internacional Humanitario, «descartaba, in limine, toda legitimidad a tales demandas».
¿Quién es quién en Palacio?
Varios personajes de la serie están basados en personas reales que participaron directamente en los hechos o tuvieron un papel importante en las investigaciones posteriores.
- Pilar Navarrete (Natalia Reyes): esposa de Héctor Jaime Beltrán, conocido como Jimmy (Camilo Amores), mesero de la cafetería y uno de los desaparecidos.
- Olga Behar (Luna Baxter): periodista y autora de Noches de humo, libro basado en el testimonio de Clara Helena Enciso. Behar investigó las denuncias de tortura y desaparición, fue objeto de un allanamiento y salió del país después de que el Gobierno le comunicara que no podía garantizar su seguridad, según la Enciclopedia del Banco de la República.
- Clara Helena Enciso, «La Mona» (Mariana Gómez): integrante del comando del M-19 y la única de sus miembros que sobrevivió.
- Alfonso Reyes Echandía (Santiago Alarcón): presidente de la Corte Suprema durante la toma.
- Belisario Betancur (Robinson Díaz): presidente de Colombia entre 1982 y 1986.
- Luis Alfonso Plazas Vega (Carlos Manuel Vesga): coronel del Ejército que comandó una unidad blindada durante la retoma.
La historia de Palacio no termina con las horas de la toma y la retoma. La serie también sigue la búsqueda de las familias y el trabajo de quienes llevaron los casos ante la justicia.
- Eduardo Umaña Mendoza (Andrés Castañeda): abogado de las familias de los desaparecidos. Fue asesinado en su oficina en 1998. Ante la Corte Interamericana, el padre de Héctor Jaime Beltrán declaró que su esposa había reconocido a su hijo en un video «que poseía el abogado Eduardo Umaña […] pero […] el mismo desapareció».
- Ángela María Buitrago (Nicole Santamaría): fiscal delegada ante la Corte Suprema, designada en noviembre de 2005 para investigar la desaparición de varias personas tras la toma. Según la Corte Interamericana, entre 2005 y 2010 la investigación atravesó «su período más dinámico». Durante esos años «se iniciaron los únicos procesos que hasta ahora se han llevado a cabo contra posibles responsables de los hechos».
¿Qué hizo Plazas Vega durante la retoma?
En Palacio, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega aparece al mando de un tanque. Los documentos consultados confirman que comandó una unidad blindada durante la operación.
La Comisión de la Verdad señala que Plazas Vega ingresó al Palacio al mando de tanques Cascabel. Él mismo lo explicó ante la Comisión: «yo era el comandante del tercer tanque».
La sentencia de la Corte Suprema que lo absolvió en 2015 también describe su participación. Uno de los vehículos blindados bajo su mando derribó la puerta principal. Plazas Vega «permaneció dentro de su vehículo de mando en el patio o zaguán del Palacio de Justicia dirigiéndolo» hasta que el incendio lo obligó a replegarse.
Esa noche, después de salir del vehículo, habló con los periodistas. En un video de archivo acreditado a Señal Memoria aparece con casco y rodeado de micrófonos. Un periodista le pregunta cuál es la decisión de las fuerzas regulares en ese momento. Plazas Vega responde: «Mantener la democracia, maestro».
La conversación continúa con una pregunta sobre el llamado del presidente de la Corte Suprema a un cese al fuego. Plazas Vega contesta: «Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted?».
Años después, ante la Comisión de la Verdad, resumió lo ocurrido con una frase: «lo del Palacio fue una batalla y no hay ninguna batalla donde no desaparezcan personas».
Conviene distinguir su papel del mando general de la operación. Plazas Vega estaba al frente de una unidad blindada, pero la retoma, en su conjunto, estuvo bajo las órdenes del general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la XIII Brigada.
¿Cuántas personas murieron?
No hay una cifra definitiva. La propia Comisión de la Verdad lo reconoce: «Ninguna de las fuentes consultadas establece con certeza la cantidad real de fallecidos».
Los documentos registran números diferentes:
- 94 cuerpos: llegaron a Medicina Legal. Sesenta estaban carbonizados.
- 95 personas: cifra atribuida a la Procuraduría.
- 105 personas: número mencionado por el general Arias Cabrales.
- 115 personas: cifra que dio el entonces ministro de Defensa.
A partir de los hallazgos de las exhumaciones, la Comisión concluyó que el número real «superaría los 94 individuos».
Entre las víctimas estaban Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, y otros diez magistrados. Según la Comisión, la Corte «fue diezmada con el sacrificio directo de once de sus egregios Magistrados». También murieron empleados, visitantes, integrantes de la fuerza pública y guerrilleros.
Del comando del M-19 solo sobrevivió Clara Helena Enciso. Irma Franco también logró salir con vida del edificio, pero posteriormente fue desaparecida.
¿Quién era el presidente de Colombia?
Durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, la Presidencia estaba en manos de Belisario Betancur, quien gobernó entre 1982 y 1986.
La noche del 7 de noviembre, en una declaración televisada, Betancur asumió públicamente la responsabilidad por las decisiones tomadas durante la operación: «Esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República, que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando las órdenes respectivas».
Sin embargo, la Comisión de la Verdad llegó a una conclusión distinta sobre el papel que desempeñó el mandatario. Consideró que sus declaraciones acerca de las órdenes impartidas y el control de la operación «no se compadecen con la realidad de lo ocurrido en la operación militar de retoma del Palacio de Justicia lo que, por supuesto, no excluye su responsabilidad».
El informe también habla de un «inexplicable vacío de poder del Gobierno» durante las horas decisivas.
¿Quién dio la orden de entrar al Palacio?
No hay una versión única sobre quién ordenó el ingreso de los tanques. Betancur aseguró ante la Comisión de la Verdad que no dio esa instrucción. Plazas Vega, por su parte, sostuvo que a las 2:05 de la tarde recibió «la orden presidencial». Los documentos recogen testimonios distintos sobre las instrucciones del presidente y el momento en que se decidió entrar al edificio.
Estas son algunas de las versiones que examinó la Comisión:
- Belisario Betancur: ante la Comisión dijo que sus primeras instrucciones, hacia la una de la tarde, fueron «restablecer la Constitución, con la cautela de protección de los rehenes y de los guerrilleros». Sobre el ingreso de los tanques fue categórico: «No ordené el ingreso de los tanques al Palacio de Justicia, en detalle no me consultaron el ingreso de los tanques, la responsabilidad es del Comandante Militar (…), entregué el mando al Ejército como Comandante en Jefe».
- Luis Alfonso Plazas Vega: según su versión, a las 2:05 de la tarde «llegó la orden presidencial de retomar el Palacio y liberar los rehenes».
- El Consejo de Ministros: decidió no negociar. Tres ministros pidieron suspender el operativo en el cuarto piso mientras intentaban establecer contacto con Andrés Almarales, comandante del M-19.
La Comisión deja constancia de las contradicciones entre estos relatos. En cuanto a la cadena de mando militar, el general Arias Cabrales estaba al frente de la operación en su conjunto. El propio Arias señaló que el plan de operaciones, conocido como Plan Tricolor, no contemplaba el rescate de rehenes.
Sobre el propósito de la intervención militar, la Comisión concluyó que este era «el exterminio del comando del grupo guerrillero M-19, a cualquier costo, para impedir que se llegara a un diálogo».
El mismo informe reconoce, sin embargo, «el valioso apoyo que miembros de la fuerza pública brindaron, corriendo riesgos en medio del combate, para propiciar y proteger la salida de un número importante de rehenes».
¿Qué pasó con el llamado de Reyes Echandía?
Durante la tarde del 6 de noviembre, Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, consiguió comunicarse al aire con el periodista Yamid Amat. Su mensaje era una petición urgente de cese al fuego:
«Por favor que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática, estamos rodeados aquí de personal del M-19, por favor que cese el fuego inmediatamente (…) esto es urgente, es de vida o muerte».
Según la Comisión de la Verdad, antes de esa intervención Reyes Echandía había intentado comunicarse con el presidente Betancur, pero no lo había conseguido.
Para la Comisión, el llamado público del magistrado «no recibió ni siquiera el mínimo reconocimiento de una respuesta».
¿Se transmitió un partido de fútbol mientras ocurría la toma?
Sobre lo que pasó en la televisión durante la toma, la Comisión de la Verdad recoge dos versiones que se contradicen.
Según el relato del periodista Yamid Amat, la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, prohibió transmitir desde el Palacio y ordenó emitir un partido de fútbol. Amat calificó la decisión como «una implacable imposición de censura». En su entrevista con la Comisión, Sanín «negó categóricamente» esa versión.
Lo que sí está documentado es que el partido se transmitió mientras ocurría la toma. Se trataba del encuentro entre Millonarios y Unión Magdalena, correspondiente al octogonal final del fútbol colombiano, como reconstruyó Señal Colombia.
¿Tuvo que ver Pablo Escobar?
El narcotráfico ya estaba presente en el contexto de amenazas contra la Corte Suprema antes de la toma. Desde diciembre de 1984, Los Extraditables habían amenazado de muerte a los magistrados que estudiaban el tratado de extradición con Estados Unidos. Entre ellos estaba Manuel Gaona Cruz, ponente del fallo que debía discutirse el 6 de noviembre de 1985.
Sobre una posible relación entre el M-19 y el cartel de Medellín, la Comisión de la Verdad llegó a una conclusión contundente: «Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia».
El informe señala que, entre 1984 y 1985, integrantes de la dirección del M-19 se reunieron con Pablo Escobar y recibieron dinero del cartel. También aclara que esa relación «no fue compartida por otros integrantes del grupo subversivo» y que «es entendible que no todos los miembros del M-19 conocieran la conexión con el narcotráfico».
Es importante precisar el alcance de esta conclusión: corresponde a lo establecido por la Comisión de la Verdad. No equivale a una declaración judicial de responsabilidad penal contra todos los integrantes del M-19.
¿Qué pasó con quienes salieron con vida del Palacio?
El destino de las personas que lograron salir del Palacio es uno de los asuntos centrales de los procesos judiciales posteriores a la toma y retoma.
Quienes abandonaban el edificio eran conducidos a la Casa del Florero, una construcción ubicada junto a la Plaza de Bolívar, sobre la carrera Séptima. Allí, integrantes de la fuerza pública los identificaban e interrogaban. Algunas personas eran separadas del resto y retenidas en el segundo piso bajo la categoría de «rehenes especiales».
Según la Comisión de la Verdad, recibieron ese trato porque «fueron consideradas miembros o colaboradoras del grupo guerrillero que realizó el asalto». La selección, añade el informe, se hizo con criterios «totalmente arbitrarios, superficiales y deleznables». Entre ellos estaban la edad, la raza, la condición socioeconómica y el lugar por el que cada persona había salido del edificio.
Después, algunas de estas personas fueron trasladadas a instalaciones militares y policiales, entre ellas el Cantón Norte, el Batallón Charry Solano y la Dipec.
Entre quienes salieron del Palacio estaba un grupo de personas rescatadas del segundo piso. Allí se encontraban los estudiantes de Derecho de la Universidad Externado Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, quienes posteriormente fueron detenidos y torturados. El Estado colombiano reconoció estos hechos ante la Corte Interamericana: «estas víctimas fueron torturadas mientras se encontraban bajo la custodia de agentes estatales».
En ese mismo grupo salió Jaime Betancur Cuartas, consejero de Estado y hermano del presidente, quien descendió por una ventana con ayuda de una escalera humana. Según las versiones recogidas por la Comisión, también salió entonces Clara Forero de Castro, fiscal ante el Consejo de Estado y esposa del ministro de Gobierno, Jaime Castro.
La Comisión revisó además las comunicaciones de radio del Ejército durante la operación. Al analizarlas, concluyó que no muestran «el propósito o la preocupación de los mandos militares por procurar el rescate de los rehenes, con excepción de las referencias a la doctora Clara Forero de Castro, esposa del Ministro de Gobierno y a las preguntas sobre la situación del Presidente de la Corte».
La investigación Cajas negras, realizada por Forensic Architecture para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, reconstruyó estos desplazamientos mediante videos y modelos tridimensionales. El recorrido muestra el paso de las personas desde la Plaza de Bolívar hasta la Casa del Florero y, posteriormente, al Cantón Norte.
¿Quiénes son los desaparecidos del Palacio de Justicia?
La mayoría de las personas desaparecidas trabajaba en la cafetería del Palacio. La Comisión de la Verdad las describe como «personas jóvenes, trabajadores sencillos, en la mayoría de los casos con hijos pequeños».
En 2014, la Corte Interamericana declaró al Estado colombiano responsable de la desaparición forzada de diez personas:
- Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería.
- Cristina del Pilar Guarín Cortés, cajera.
- David Suspes Celis, chef.
- Bernardo Beltrán Hernández, empleado de la cafetería.
- Héctor Jaime Beltrán Fuentes, mesero.
- Gloria Stella Lizarazo Figueroa, trabajadora del autoservicio.
- Luz Mary Portela León, quien reemplazaba a su madre enferma.
- Lucy Amparo Oviedo Bonilla, visitante.
- Gloria Anzola de Lanao, visitante.
- Irma Franco Pineda, integrante del M-19.
La Corte también declaró la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas, magistrado auxiliar del Consejo de Estado.
Hay un video que muestra a Urán saliendo con vida del edificio. Para la Comisión de la Verdad, «salió con vida del Palacio de Justicia bajo custodia militar, con lesiones que no tenían carácter letal». Sin embargo, su cuerpo apareció después dentro del Palacio, con un disparo en el cráneo a corta distancia.
En su sentencia, la Corte Interamericana ordenó al Estado hacer «todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas».
Hay otros dos casos que conviene distinguir. Ana Rosa Castiblanco, auxiliar de la cafetería, fue enterrada como NN en una fosa común del Cementerio del Sur. Sus restos fueron identificados y entregados a su hijo el 2 de noviembre de 2001, dieciséis años después de los hechos.
En el caso de Norma Constanza Esguerra, quien llevaba pasteles a la cafetería, un juzgado afirmó en 1989 que existía una «gran probabilidad» de que sus restos correspondieran a un cuerpo calcinado que había sido entregado a otra familia. La Comisión de la Verdad aclaró que no había una identificación científica que permitiera confirmarlo y que no se podía descartar su desaparición.
La Corte Interamericana no declaró la desaparición forzada en estos dos últimos casos. Determinó que el Estado había incumplido su deber de establecer el paradero de las víctimas y proteger su vida.
La versión oficial de 1986, elaborada por el Tribunal Especial de Instrucción creado por el Gobierno de la época, sostenía que esas personas «fallecieron en el 4º piso, a donde fueron conducidas como rehenes en los primeros momentos de los sucesos».
La Comisión de la Verdad no comparte esa explicación. Por el contrario, considera que «son múltiples y contundentes los elementos de convicción sobre la salida con vida del Palacio de las personas desaparecidas».
A las dudas sobre el destino de estas personas se suman las irregularidades en el manejo de los cuerpos. Por orden de jueces de instrucción penal militar, 36 cadáveres, 27 de ellos sin identificar, fueron enviados a una fosa común del Cementerio del Sur. La justificación era que el M-19 pretendía recuperar de la morgue los cuerpos de sus compañeros. Para la Comisión, ese argumento «carece de asidero».
La Fiscalía abrió una investigación por desaparición forzada en 2001, un año después de que la Ley 589 de 2000 tipificara ese delito.
Con el paso del tiempo, algunos restos pudieron identificarse mediante pruebas genéticas. En varios casos, estaban enterrados en tumbas registradas a nombre de otras personas. Entre los hallazgos documentados están los siguientes:
- Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo: la Fiscalía y Medicina Legal anunciaron su identificación en octubre de 2015. Según El Tiempo, los restos de Guarín estaban en una tumba registrada a nombre de otra víctima. Los de Portela fueron entregados a su familia en 2016, según la Unidad para las Víctimas, citada por Infobae.
- Héctor Jaime Beltrán: en 2017, Medicina Legal confirmó que sus restos estaban en la tumba de otra persona, según Semana.
- Ana Rosa Castiblanco: sus restos fueron entregados a su hijo en 2001.
En el caso de Norma Constanza Esguerra, la Comisión de la Verdad insistió en que «no ha existido una identificación positiva y científica» que permita confirmar que los restos entregados a otra familia eran los suyos.
¿Por qué hay militares procesados y guerrilleros no?
La respuesta está en los distintos procesos judiciales que siguieron a la toma y retoma del Palacio. Las investigaciones contra integrantes del M-19 y las que se adelantaron contra militares tuvieron recorridos diferentes y no se ocuparon exactamente de los mismos hechos.
El proceso contra integrantes del M-19
En 1986, el Tribunal Especial de Instrucción atribuyó al M-19 «la responsabilidad única y exclusiva» por el ataque y la ocupación del Palacio. También descartó la responsabilidad del presidente y de los mandos militares.
En enero de 1989, un juzgado de instrucción acusó a 28 dirigentes del M-19 por rebelión y otros delitos relacionados con homicidios, tentativas de homicidio y secuestros. Entre ellos estaban Carlos Pizarro, Antonio Navarro Wolff, Vera Grabe y Gustavo Petro. Este último no participó en la toma: había sido capturado en octubre de 1985 y estaba preso, como verificó La Silla Vacía.
Con la expedición de la Ley 77 de 1989, el presidente quedó facultado para conceder indultos por rebelión, sedición, asonada y delitos conexos.
En mayo de 1992, una jueza de orden público reabrió el caso. Según recoge la Comisión de la Verdad, la jueza recordó que los guerrilleros habían entrado al Palacio «asesinando a sangre fría a los celadores de vigilancia privada y al administrador del edificio, y estos hechos no se podían considerar actos de combate».
Ese mismo año, la Ley 7.ª de 1992 cerró la acción penal para quienes se acogieron a los beneficios previstos en el proceso de paz.
El resultado fue que ningún dirigente del M-19 fue condenado por la toma del Palacio. En 1995, un grupo de antiguos integrantes de la organización pidió perdón a las víctimas y a sus familiares: «pedimos perdón a las víctimas de esta tragedia, a sus familiares y amigos, por la parte de responsabilidad que nos correspondió». En el mismo pronunciamiento recordaron una declaración anterior: «la batalla del Palacio de Justicia tocó las fronteras del absurdo, lesionando a todo el país. En ese holocausto perdimos todos».
Los procesos contra militares
Las investigaciones contra integrantes de la fuerza pública se concentraron, entre otros asuntos, en lo ocurrido con las personas que salieron vivas del Palacio y quedaron bajo custodia del Estado.
Estos son algunos de los casos más relevantes:
- Jesús Armando Arias Cabrales: fue condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada. La Corte Suprema confirmó la condena en 2019. Posteriormente fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero expulsado porque, según ese tribunal, no hizo «aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados» a la verdad.
- Luis Alfonso Plazas Vega: fue condenado en 2010 por las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco. En 2015, la Corte Suprema lo absolvió porque «no se alcanza el grado de convicción que se exige para condenar». La misma sentencia ordenó enviar copias a la Fiscalía «para que se investigue los posibles excesos en que se haya podido incurrir en la retoma».
- El Estado colombiano: en 2014, la Corte Interamericana lo condenó por las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán, las detenciones arbitrarias y las torturas, entre otras violaciones. La sentencia también examinó la falta de protección del Palacio antes de la toma.
Esta diferencia ayuda a entender por qué los procesos terminaron de maneras distintas. La toma del edificio por parte del M-19 fue un hecho; la operación militar para recuperarlo, otro. Y hay un tercer momento que también debe distinguirse: lo que ocurrió después, cuando personas que habían salido con vida del Palacio quedaron bajo custodia de agentes estatales. Las condenas contra militares están relacionadas con este último conjunto de hechos.
¿Qué cambia entre Palacio y Noviembre?
Noviembre (2025), la película de Tomás Corredor sobre los mismos acontecimientos, permite comparar cómo dos producciones audiovisuales representan a algunas de las personas involucradas. En Alucine la reseñamos en septiembre de 2025, después de su paso por el Festival de Toronto.
También hay algunos cruces entre los repartos. En Noviembre, Santiago Alarcón interpretó al magistrado Manuel Gaona Cruz; en Palacio, interpreta a Alfonso Reyes Echandía. Natalia Reyes, que en la película encarnó a «La Mona», en la serie interpreta a Pilar Navarrete, esposa de Jaime Beltrán. Gaona, por su parte, apenas es mencionado en Palacio.
Noviembre está disponible en Prime Video.
¿Puede una ficción contar estos hechos?
Los límites de la ficción cuando representa acontecimientos históricos llegaron recientemente a los tribunales en dos ocasiones. Los casos de Noviembre y Palacio tuvieron resultados distintos.
El caso de Noviembre
En octubre de 2026, la Corte Constitucional resolvió una tutela presentada por familiares del magistrado Manuel Gaona Cruz contra los responsables de la película. La controversia surgió por una escena en la que uno de los personajes sugería que el magistrado tenía cercanía con el M-19.
La Corte consideró que la película, por ser una obra de ficción, «está protegida por la libertad de expresión artística y no puede ser modificada por orden judicial». Para un espectador medio, la escena debía entenderse como parte de una ficción y no como una afirmación histórica sobre Gaona.
La decisión fue distinta en lo relacionado con la publicidad de la película. La Corte encontró que las piezas promocionales vulneraban los derechos de la familia porque presentaban la producción como «la verdad» de lo ocurrido. Esa estrategia generaba «un injustificado manto de duda sobre la relación del magistrado Gaona Cruz con el M-19».
Por esa razón, mantuvo un aviso que aclaraba que la película «es una obra de ficción inspirada en hechos reales. Los eventos y diálogos no constituyen afirmaciones históricas sobre personas reales» y ordenó ofrecer disculpas públicas.
El caso de Palacio
Antes del estreno de la serie, los hijos del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega presentaron una tutela contra Netflix y Dynamo. Solicitaron que los capítulos incluyeran advertencias sobre el carácter ficcional de la producción y que se informara a los espectadores de que su padre había sido absuelto por la Corte Suprema.
El 4 de noviembre de 2026, el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá declaró improcedente la tutela. La decisión se tomó antes de que la serie estuviera disponible y consideró que los perjuicios alegados eran hipotéticos en ese momento.
El 10 de noviembre, según Infobae, la familia impugnó el fallo. Al cierre de esta edición, no se conoce una decisión de segunda instancia.
Para seguir explorando
Documentos
- Informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia (2010).
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, sentencia del 14 de noviembre de 2014.
- Corte Suprema de Justicia, sentencia SP17466-2015.
- Corte Constitucional, sentencia SU-334 de 2026 (Comunicado 32).
- Forensic Architecture y Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Cajas negras (2021), reconstrucción visual de la Plaza de Bolívar, la Casa del Florero y el Cantón Norte.
Libros
- Olga Behar, Noches de humo. Planeta, noviembre de 1988.
- Ana Carrigan, El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana. Planeta, octubre de 2025 (original en inglés, 1993).
- Ricardo Silva Romero, Mural. Alfaguara, 2025.
- David Marín, Perdida en el fuego. La toma del Palacio minuto a minuto. Planeta, 2025.
Cine
- La toma (2011), documental de Miguel Salazar y Angus Gibson.
- Siempreviva (2015), de Klych López, basada en la obra de teatro de Miguel Torres.
- Noviembre (2025), de Tomás Corredor. Disponible en Prime Video. Nuestra reseña.
Cuarenta y un años después, la historia del Palacio de Justicia sigue marcada por los silencios. En 2010, la Comisión de la Verdad resumió esa deuda con una frase: «durante un cuarto de siglo, ha existido un pacto de silencio para ocultar la verdad».
Hoy conocemos a quienes entraron al edificio, sabemos quién estuvo al mando de la operación militar y podemos reconstruir algunas de las decisiones que marcaron aquellas dos jornadas. También hay sentencias que establecieron la responsabilidad del Estado por desapariciones forzadas, torturas y una ejecución extrajudicial.
Pero todavía quedan preguntas importantes. No sabemos con exactitud qué ocurrió en algunos momentos de la retoma, quién impartió determinadas órdenes, qué pasó con cada una de las personas que salió con vida del Palacio ni por qué la identificación de algunos restos tomó tantos años.
Una serie puede devolver estos hechos a la conversación pública, pero no sustituye los expedientes judiciales, las investigaciones ni el testimonio de las familias que llevan décadas buscando respuestas. Contar el pasado no es lo mismo que esclarecerlo. Por eso importa distinguir entre una escena y una prueba, entre una versión y una sentencia, entre una historia representada y una verdad que todavía está por reconstruirse.
Los documentos permiten ver que en el Palacio no hubo un solo episodio de violencia, sino varios, con responsables y consecuencias distintas. Primero, la toma armada del M-19, que convirtió a cientos de civiles en rehenes. Después, una operación militar que tribunales internos y la Comisión de la Verdad calificaron como desproporcionada y excesiva. Y, finalmente, la desaparición de personas que habían salido con vida del edificio y quedaron bajo custodia del Estado, seleccionadas con criterios que la propia Comisión calificó de «totalmente arbitrarios, superficiales y deleznables».
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